El estudio de los modelos de gestión de la calidad y la forma de asegurarla no es nada nuevo, y a lo largo del siglo XX hemos contado con aportaciones de calado como fueron las de los investigadores Deming, Crosby, Juran, Ishikawa, etc.

Todos ellos insistían en la importancia de la satisfacción del cliente o usuario final del producto a desarrollar y de los costes que conlleva la “no calidad”.

Quizás W. Edward Deming fue uno de los más categóricos a la hora de formular los principios que deberían regir la gestión de la calidad de cualquier proyecto que se inicie. Son conocidos como los catorce (14) puntos de Deming.

De entre ellos quisiera destacar el que hacía el número cuatro: “acabar con la práctica de comprar en función del precio más bajo”. Esta afirmación la llevaba a cabo después del estudio sistemático de cientos de casos de éxito y fracaso empresarial, analizando la calidad final de los productos ofertados y por ende del cumplimiento de las especificaciones y/o expectativas de los clientes finales.

Lamentablemente, en el sector de la contratación pública y especialmente en lo referente a los contratos de obra, no solo no se ignora esta premisa para una correcta gestión de la calidad, sino que se rema a contracorriente. En los últimos meses, el Ministerio de Fomento ha vuelto a modificar los criterios de valoración de las ofertas económicas en las obras que licita, primando más si cabe a aquellas propuestas que suponen una mayor baja al precio de licitación (lo que aparentemente es adjudicar a lo más barato).

Es más, se penalizan a aquellas proposiciones que, una vez estudiados los proyectos, analizados los riesgos de los mismos y las posibles contingencias, optan por ajustarse en  su propuesta económica a la realizada por la administración. En este caso, la valoración llega a ser cero y quedan matemáticamente fuera del proceso de licitación.

Y todo ello se hace después de un largo proceso de concepción y diseño de soluciones, desde los estudios de viabilidad, alternativas, proyectos de construcción y supervisión de proyectos. Si después de todo el tiempo y recursos destinados, en el proceso de adjudicación de las obras se admiten ofertas que echan por tierra todas las estimaciones y valoraciones previas, los resultados son a los que nos tienen acostumbrados.

Si me permiten ilustrar con un ejemplo cercano, las obras de llegada del tren de alta velocidad (AVE) a la ciudad de Granada no han servido precisamente para demostrar la eficiencia de la contratación pública. Es más, sirven para ilustrar dos hechos que lejos de ser puntuales suponen una constante en la contratación de obras:

  1. La oferta más baja no es en absoluto la más barata, ni para la administración y mucho menos para los usuarios finales (incluyendo molestias, retrasos, costes de oportunidad, etc.)
  2. La oferta más baja probablemente no cumpla los mínimos de calidad, en términos de calidad, alcance y plazo.

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Obras del AVE Antequera – Granada. Fuente: www.ideal.es

Y volvemos a lo mismo: obras paralizadas, servicios sin prestar, modificaciones de soluciones sobre la marcha, etc. Y todo ello con el único interés de cuadrar las cuentas a las empresas adjudicatarias. En definitiva, se podría decir que se trabaja bajo el decálogo de las cosas que no hay que hacer en la gestión de proyectos, sea cual sea su naturaleza.

Todo lo dicho es trasladable a la contratación de servicios de ingeniería y consultoría. En estos casos si que es imprescindible primar la calidad por encima de cualquier cosa porque no olvidemos que será sobre el resultado de este trabajo sobre lo que se construirán las futuras contrataciones. Errores de alternativas, diseño y proyecto multiplican en varios órdenes de magnitud sus consecuencias en etapas posteriores de construcción y no digamos ya si se incluye el ciclo de vida del proyecto en su totalidad (costes de mantenimiento y explotación).

Claro está que se funciona mal y que los resultados son cuando menos mejorables pero, lamentablemente, ninguno de los agentes implicados en la concepción y redacción de las leyes y reglamentos que dan soporte a la contratación pública tiene interés ninguno en aplicar las lecciones aprendidas, como primer paso de un necesario proceso de mejora continua.

Esta mejora continua es un derecho que tenemos todos los ciudadanos: queremos las obras en plazo, según lo previsto en cuanto a coste, calidad y alcance.

Tal y como nos indicaba W. Edward Deming, “si usted no puede medir algo, es imposible que pueda mejorarlo”. Claro que si al poder o no, se le añade el no querer, tendremos el resultado actual en cuanto a las adjudicaciones de las obras: nos encontramos que no solo hemos aplicado los principios de mejora continua sino que, por razones de competencia feroz en el sector, las condiciones de calidad en términos de satisfacción del cliente son realmente inadmisibles.

En España, lamentablemente, no se mide el desempeño en la ejecución de las obras. Si así fuera, y lo fuera obligatorio y centralizado, se dispondría de un registro que, con unos criterios, estándares e indicadores relativos a todos los aspectos que determinan el éxito de un proyecto, podría aportar resultados que nos permitieran mejorar. Nos daríamos cuenta, entre otras cosas, que adjudicar una obra con un 50% es tirar recursos públicos.

Ante este problema, además del citado registro, que respondiera al desempeño real y por ende facilitara una calificación cierta de las empresas (y digo calificación que no clasificación), existen otros muchos criterios para adjudicar una obra, algunos de carácter automático y otros dependientes de juicios de valor de quien tiene la obligación de valorar las distintas proposiciones. Pero, no se asusten ustedes a cuentas de la transparencia y objetividad en el proceso. Para ese camino solo hacen falta dos compañeros de viaje: la ética profesional y la inspección. La primera de ellas se debe aprender en casa y confirmar durante el proceso de formación como profesionales. La segunda, la inspección, no debe asustar a nadie, y mucho menos a aquellos (que son muchos) que desarrollan su trabajo de una forma ética y profesional.

Las últimas propuestas en cuanto a modelos de contratación apuntan al término inglés “trust”, confianza. Ésta debe ser el pilar de cualquier trabajo que se desarrolle por colaboración de varias partes. Quizás estemos ante la necesidad de una revolución (otra más) en cuanto al enfoque de la contratación en España.