Acceso a la Información – Derecho a la Opinión

Esta entrada es en cierto modo algo singular, ya que en ella reproduzco una carta abierta al Sr. Ministro de Fomento, publicada por el periódico IDEAL el pasado 13 de febrero.

Se trata de unas reflexiones sobre el derecho a tener suficiente información, para poder formarnos una opinión y finalmente poder expresarnos. Hecho tan sencillo es considerado como una de las esencias fundamentales de cualquier Estado que trate de vivir en democracia.

Carta abierta al Sr. Ministro de Fomento, D. Iñigo de la Serna

De la necesidad y la obligación de las personas dedicadas a la función pública de facilitar la información a la que tienen derecho todos los ciudadanos.

Hace ya bastantes años traté de hacer una investigación sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental en España y a la que tras varios meses de insistencia, peticiones e incluso solicitud de amparo a la Comisión Europea, desistí. Me fue imposible acceder a la información más básica al respecto. Me fue mucho más fácil obtener toda la información  en el lejano Canadá, con un solo “click de ratón”, que en mi propia ciudad.

Esta circunstancia, ocurrida hace ya cerca de 20 años, lejos de subsanarse se ha perpetuado principalmente debido a la falta de interés político por cambiarla. Los políticos se muestran  temerosos ante el hecho de que los ciudadanos dispongan de información actualizada y de primera mano de cómo se gestionan los asuntos públicos, que por públicos terminan afectándonos.

Este derecho al acceso a la información de lo público no es en absoluto baladí y nuestra Carta Magna así lo recoge en su art. 105. La posterior Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno lo desarrolla y establece las líneas generales de cómo proceder. Su escaso desarrollo a fecha de hoy hace que el acceso a la información sea claramente mejorable.

No son conceptos novedosos. Este derecho ya fue recogido en el año 1048 en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el año 1966 en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, amparado bajo el derecho fundamental a la libertad de expresión. Cierto, la libertad de expresión no solo incluye la posibilidad de expresar opiniones sino también el derecho a conocer aquello que es público.

La salud democrática y la voluntad de transparencia de los gobiernos están directamente relacionadas con las medidas implementadas para facilitar la gestión de la información y del conocimiento público. Tal es así que la mayoría de los indicadores de calidad democrática a nivel internacional incluyen muchos ítems relacionados con el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Quizás ese sea uno de los motivos por los que Canadá nos aventaja de forma notoria en el Índice de Democracia publicado en el año 2017 por la Economist Intelligence Unit.

La gestión de las infraestructuras, desde su diseño a su proyecto, construcción y puesta en servicio no tiene porqué escapar a este derecho ciudadano, especialmente aquellos proyectos que tienen una clara utilidad e impacto social desde el punto de vista más amplio. Este es el caso del AVE y su llegada a Granada.

Desde la anunciada finalización de las infraestructuras e instalaciones necesarias el proyecto se encuentra en fase de pruebas. Esta fase se presenta sine díe cual caja negra, de funcionamiento casi esotérico, de la que es imposible conocer e informar de forma clara, precisa y accesible. Nadie parece conocer (o quizás mejor decir quiere compartir) las tareas, plazos, su programación y los condiciones en las que se lleva a cabo.

Cabría preguntarse si no es el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y no el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) quien está gestionando tan misterioso proceso, cual secreto de Estado, del que es imposible conocer en qué punto se encuentra ni lo restante del camino.

Me resisto a creer que esta información sea tratada cual si fuera arcana imperii, figura utilizada por el Imperio Romano para aquello que el pueblo no debía conocer para evitar males mayores.

Llegado a este punto, estimado Sr. Ministro de Fomento:

Le invito a que abandone esta forma de proceder, más propio de épocas pasadas, a la hora de gestionar un asunto que afecta a todos los ciudadanos y a los que está privando de la información a la que tienen derecho.

Le invito a hacer un ejercicio pedagógico. Comparta de forma transparente y clara la información sobre el proceso de pruebas y validación de las obras, instalaciones y equipamiento de la línea AVE de Granada a Antequera. Y no encuentre dificultades donde no las hay. Puede ser tan sencillo como disponer un espacio accesible en el que se pueda consultar el proceso, las fechas iniciales y finales previstas, los hitos de control, los medios dispuestos y la intensidad de los mismos, las medidas y contramedidas necesarias en función de los resultados parciales obtenidos, la reprogramación de trabajos cuando fuese necesaria, etc. En su departamento dispone de personal suficientemente capacitado para ello para que pueda ser realidad en pocas horas.

De esta manera los ciudadanos podrán visualizar su enorme compromiso político con esta ciudad, la de Granada, que continua añorando la puesta en servicio del AVE y la reconexión ferroviaria que se entiende vital para una ciudad como ésta, turística y universitaria. El conocer toda esta información les permitirá ser conscientes de la dificultad de la fase en la que se encuentra el proyecto y de que se están realizando todos los esfuerzos para acabar con una situación que comienza a parecerse a los guiones del gran Berlanga, pues es posible escuchar a diario en la Estación de Santa Ana (Antequera) por megafonía “los viajeros del tren con destino Granada pueden subirse en los autobuses estacionados en el exterior”.

Retomo la lectura de la citada Ley de Transparencia y, por más que lo intento, no  llego a ver que la información relativa a las fechas e hitos de la fase de prueba del AVE de Granada a Antequera le pueda ser de aplicación algunos de los límites y excepciones del derecho al acceso a la información.

Soy persona de fe y parte de ella va en la presente, la que le dirijo con todo el respeto que se merece, esperando, como no puede ser de otra forma, el mismo respeto para la sociedad granadina.